Tertulia Feminista Kate Millet
La Comisión del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados ha concluido las recomendaciones al gobierno para la elaboración de un proyecto de ley de reforma de las pensiones. Este proyecto, tal y como ha afirmado el gobierno, se aprobará “con o sin acuerdo” de sindicatos y empresarios.
La reforma de las pensiones es, junto a la reducción del gasto público y la reforma laboral, una respuesta más a “los mercados” que exigen el recorte del Estado del Bienestar. Algunas de las medidas propuestas son retrasar de los 65 a los 67 años la edad legal de jubilación, ampliar de 15 a 20 años el periodo de cálculo, modificar la pensión de viudedad y la de orfandad o incentivar los planes privados de pensiones.
Sin perjuicio de exigir al gobierno el cumplimiento del artículo 19 de la Ley de Igualdad sobre la obligatoriedad de que toda ley vaya acompañada de un Informe de Impacto de Género, es necesario tomar en consideración que:
1) el 45,01% de los 17.612.709 cotizantes a la Seguridad Social y el 51,35% de los 8.711.058 pensionistas del sistema contributivo son mujeres. Más de la mitad, el 51,38 % de las mujeres pensionistas lo son por un derecho derivado, la mayoría por viudedad;
2) la menor tasa de ocupación femenina (el 41,5 %), el mayor porcentaje en trabajos a tiempo parcial (el 80,6 %), la desigualdad salarial (en más del 20 %) y las diferencias entre la vida laboral de hombres marcadas por la precariedad y la feminización del cuidado de hijas e hijos y familiares dependientes con las consiguientes “lagunas de cotización”.
3) la pensión media de las mujeres es ahora de 599 euros, es decir, un 39% más baja que la de los hombres (977 euros al mes).
Por todo ello manifestamos que:
El sistema de pensiones tiene un marcado sesgo de que no se está teniendo en consideración ni en las recomendaciones del Pacto de Toledo, ni en las iniciativas del Gobierno, ni en las preocupaciones y consideraciones puestas de manifiesto por las organizaciones empresariales y sindicales.
· Las diferencias contributivas son las causantes, junto a la feminización de las pensiones no contributivas, de que 1 de cada 4 mujeres mayores de 65 años esté bajo el umbral de la pobreza.
· La propuesta del gobierno y la comisión parlamentaria de incrementar de 15 a 20 años el período de cálculo incrementará la discriminación de las mujeres, cuyas vidas laborales tienen “lagunas de cotización” por la precariedad laboral y la feminización de los trabajos domésticos y de cuidado. España es el cuarto país de Europa en porcentaje de mujeres excluidas del mercado de trabajo por tener que cuidar de hijos y familiares dependientes.
Por todo ello manifestamos que:
El sistema de pensiones tiene un marcado sesgo de que no se está teniendo en consideración ni en las recomendaciones del Pacto de Toledo, ni en las iniciativas del Gobierno, ni en las preocupaciones y consideraciones puestas de manifiesto por las organizaciones empresariales y sindicales.
· Las diferencias contributivas son las causantes, junto a la feminización de las pensiones no contributivas, de que 1 de cada 4 mujeres mayores de 65 años esté bajo el umbral de la pobreza.
· La propuesta del gobierno y la comisión parlamentaria de incrementar de 15 a 20 años el período de cálculo incrementará la discriminación de las mujeres, cuyas vidas laborales tienen “lagunas de cotización” por la precariedad laboral y la feminización de los trabajos domésticos y de cuidado. España es el cuarto país de Europa en porcentaje de mujeres excluidas del mercado de trabajo por tener que cuidar de hijos y familiares dependientes.
La inferioridad de condiciones laborales de las mujeres generadora de la minoración en las pensiones no es cosa del pasado. Las 1,8 millones de trabajadoras actuales en situación de desempleo tienen una Tasa de Cobertura de Prestaciones por Desempleo del 58%, frente al 63% de los hombres. Además, son mayoría entre los perceptores de prestaciones asistenciales más bajas.
La individualización de los derechos, como es el caso de las pensiones de viudedad, deben estar precedidas por medidas activas, concretas y verificables de incentivación de la incorporación de las mujeres al mercado laboral. Estas políticas deben tener como objetivo la eliminación de la brecha salarial.
La transformación y/o eliminación de la pensión de viudedad en momentos de crisis agudizará la desigualdad de las mujeres. Y la puesta en marcha de estas medidas acrecentará la feminización de la pobreza y la extrema vulnerabilidad de un gran número de mujeres.
Prescindir del impacto de género que para las mujeres tendrán los recortes del sistema de pensiones, el alargamiento de los períodos mínimos de cotización y las nuevas imposiciones y requisitos representará una medida que ahondará las desigualdades entre hombres y mujeres.
Por todo ello exigimos que teniendo en cuenta las dificultades y trabas que las mujeres han tenido y siguen teniendo para su incorporación y posterior mantenimiento en el mercado laboral:
Se incorporen medidas correctivas de carácter transitorio en el actual y vigente sistema de pensiones que tengan en cuenta tales diferencias. Estas medidas deben ser efectivas para la integración de las mujeres en el mercado de trabajo, en condiciones de igualdad, tanto salariales como de proyección profesional.
Se articulen medidas que consoliden el reparto familiar y social del cuidado de la infancia y las personas dependientes. Tales medidas deben concretarse en permisos de maternidad y paternidad iguales e intransferibles y reducción general de la jornada laboral. Por otra parte, es necesario desincentivar el tiempo parcial de mujeres o las excedencias y prestaciones para el cuidado por ser incompatibles con el empleo.
Se universalice la educación infantil de calidad desde los 0 años así como los servicios profesionales públicos de atención a la dependencia.
Se mejore la distribución de la renta, la calidad en el empleo, el incremento de la productividad mediante inversión en I+D+i, al tiempo que se facilite la integración de las mujeres en el mercado de trabajo. Además, la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida significará más ingresos para el sistema de la seguridad social.
La individualización de los derechos, como es el caso de las pensiones de viudedad, deben estar precedidas por medidas activas, concretas y verificables de incentivación de la incorporación de las mujeres al mercado laboral. Estas políticas deben tener como objetivo la eliminación de la brecha salarial.
La transformación y/o eliminación de la pensión de viudedad en momentos de crisis agudizará la desigualdad de las mujeres. Y la puesta en marcha de estas medidas acrecentará la feminización de la pobreza y la extrema vulnerabilidad de un gran número de mujeres.
Prescindir del impacto de género que para las mujeres tendrán los recortes del sistema de pensiones, el alargamiento de los períodos mínimos de cotización y las nuevas imposiciones y requisitos representará una medida que ahondará las desigualdades entre hombres y mujeres.
Por todo ello exigimos que teniendo en cuenta las dificultades y trabas que las mujeres han tenido y siguen teniendo para su incorporación y posterior mantenimiento en el mercado laboral:
Se incorporen medidas correctivas de carácter transitorio en el actual y vigente sistema de pensiones que tengan en cuenta tales diferencias. Estas medidas deben ser efectivas para la integración de las mujeres en el mercado de trabajo, en condiciones de igualdad, tanto salariales como de proyección profesional.
Se articulen medidas que consoliden el reparto familiar y social del cuidado de la infancia y las personas dependientes. Tales medidas deben concretarse en permisos de maternidad y paternidad iguales e intransferibles y reducción general de la jornada laboral. Por otra parte, es necesario desincentivar el tiempo parcial de mujeres o las excedencias y prestaciones para el cuidado por ser incompatibles con el empleo.
Se universalice la educación infantil de calidad desde los 0 años así como los servicios profesionales públicos de atención a la dependencia.
Se mejore la distribución de la renta, la calidad en el empleo, el incremento de la productividad mediante inversión en I+D+i, al tiempo que se facilite la integración de las mujeres en el mercado de trabajo. Además, la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida significará más ingresos para el sistema de la seguridad social.
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